• lunes, 9 de abril de 2018

    Anticorrupción


    Responsabilidad penal de la persona jurídica


    El 6 de abril de 2018 se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 277/2018 que reglamenta la ley N° 27.401, la cual establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas para los delitos en ella previstos.
     
    Se detallan a continuación los puntos que constituyen materia de reglamentación:
     
    (i) la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la ley N° 27.401, referentes a la implementación del programa de integridad y su contenido.
     
    (ii) el artículo 24 de la ley N° 27.401 dispone que la existencia de un programa de integridad adecuado en los términos por ella previstos será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional en determinados casos, entre ellos cuando, por el monto involucrado y según la normativa vigente, la contratación deba ser aprobada por la autoridad competente con rango no menor a ministro (inciso a).
     
    La reglamentación determina que el monto referido en la norma citada es aquel establecido en el Anexo al artículo 9 del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por Decreto N° 1030/16 –o el que en el futuro lo sustituya-.
     
    En consecuencia, quedan comprendidos en la previsión del art. 24 inc. a) de la ley Nº 27.401 los siguientes supuestos:
     
    1. Licitación y concurso público o privado y subasta pública que supere los cincuenta mil módulos, es decir, $50.000.000 (cincuenta millones de pesos); y
     
    2. Compulsa abreviada y adjudicación simple que supere los treinta mil módulos, es decir, $30.000.000 (treinta millones de pesos).
     
    (iii) la existencia de un programa de integridad conforme los artículos 22 y 23 de la ley N° 27.401, como condición necesaria para contratar con el Estado Nacional en todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acreditada junto con el resto de la documentación que integra la oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso de contratación disponga el organismo que realice la convocatoria.
     
    En caso de necesitar mayor información, no dude en ponerse en contacto con Laura Lavia Haidempergher, Mercedes de Artaza y/o Lucía Labrousse.

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