• viernes, 12 de enero de 2018

    Simplificación de regulaciones y procedimientos

     

    Decreto de Desburocratización y Simplificación


    El 11 de enero se publicó el Decreto (DNU) Nº 27/2018 que incorpora modificaciones a diversas leyes con la intención explícita de eliminar y simplificar diversas normas y procedimientos que hacen al desarrollo negocial y a la actividad en distintas áreas del Estado, a fin de reducir costos y barreras burocráticas y para incentivar el desarrollo productivo. Las principales modificaciones son:

    Sociedades

    Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)

    • Se permite a las SAS hacer oferta pública de acciones y debentures;

    • se flexibilizan las limitaciones para constituir y mantener una SAS, al permitir que puedan ser controladas por sociedades que hagan oferta pública de sus valores y también por aquellas compañías cuyo capital sea superior a los $10.000.000; y

    • se modifica el régimen de responsabilidad de los socios para los casos en que la sociedad deba transformarse por quedar encuadrada en alguna de las prohibiciones previstas por la norma. En el nuevo régimen, los socios responden ante terceros cuando la transformación no se inscribe en el Registro Público en el plazo que establece la ley y no desde la configuración del supuesto de prohibición, como preveía la normativa anterior.

    Registros Nacionales

    • Se sustrae del ámbito de la IGJ la función de llevar los Registros Nacionales de Sociedades por Acciones, Sociedades Extranjeras y de Asociaciones y Fundaciones, las que pasan a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del organismo que éste indique por medio de sistemas informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio de Modernización o, en su caso, por quien el PEN determine; y

    • se incorpora la tarea de llevar el Registro Nacional de Sociedades No Accionarias, también bajo la órbita del nombrado Ministerio.

    Ley General de Sociedades (LGS)

    • Se prohíbe la actuación del socio aparente (o presta nombre) y la del socio oculto, estableciéndose la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada del socio aparente y del oculto en caso de infracción a esta prohibición; y

    • se permite que todas las sociedades previstas en la LGS puedan llevar sus libros societarios y contables a través de registros digitales, extendiendo a todas las sociedades el régimen de la SAS.

    Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)

    • Se amplía su objeto posibilitando el otorgamiento de garantías, no sólo a sus socios partícipes, sino también a cualquier tercero;

    • límite operativo: se prevé que el límite del 5% para la asignación de garantías se determine sobre el valor total del fondo de riesgo de cada SGR, y no sobre el total garantizado, tal como era antes. Se amplía de 20% a 25% el límite del valor total del fondo de riesgo para la asignación de obligaciones con el mismo acreedor y se dispone que en la condición de acreedor se deberán incluir las empresas controladas, vinculadas y las personas humanas y/o jurídicas que integren el mismo grupo económico. Además, se determina cuáles son las exclusiones al límite operativo y se reconoce facultades a la autoridad de aplicación para aumentar o exceptuar los límites en ciertas circunstancias;

    • se extiende la obligación de requerimiento y de otorgamiento de la contragarantía a los terceros en respaldo de los contratos que se celebren; y se prevé que la SGR podrá exceptuar del requisito de la contragarantía a determinados tipos de operaciones con carácter general, así como a operaciones particulares; y

    • se elimina la obligatoriedad de las firmas certificadas por escribano público cuando el contrato se celebra por instrumento privado.

    Capital Emprendedor

    La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, como autoridad de aplicación, dictará una única definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME), con el fin de simplificar el acceso de las MiPyMEs a los diferentes programas desarrollados por los organismos de la Administración Pública Nacional.

    Asimismo, se modifica la Ley Nº 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, a fin de permitir que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) pueda no sólo financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor sino también a las MiPyMEs.

    Derechos de Propiedad Industrial

    • Se reducen varios plazos en los procedimientos para la obtención de patentes y modelos de utilidad, y se introducen modificaciones en el procedimiento de solicitud de diseños y modelos industriales;

    • se incorporan importantes cambios en materia de resolución de oposiciones marcarias;

    • se prevé la declaración administrativa (ya sea a pedido de parte o de oficio) de la caducidad y nulidad de marcas;

    • los titulares marcarios deberán presentar declaraciones de uso.

    Firma Digital – Gestión Documental Electrónica – Documentos Oficiales Electrónicos

    • Se establece que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, debido a la interoperabilidad que brinda el Sistema de Gestión Documental Electrónica (el “SGDE”) y el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no será necesaria su legalización para ser considerados válidos; y

    • se instruye a que las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 (que integran el Sector Público Nacional) formulen, suscriban y remitan las respuestas a los oficios judiciales, exclusivamente mediante el SGDE.

    Contrataciones administrativas

    Decreto N° 1023/2001

    • Se extiende el uso del mecanismo de Subasta Pública, sin limitarla a la compra y venta de bienes del Estado Nacional, previendo su aplicación cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes y se busque obtener, mediante una puja de precios, la adjudicación de la contratación al mejor postor; y

    • se considera contrato excluido del Régimen de Contrataciones de la Administración Nación a los comprendidos en operaciones relacionadas con los activos integrantes de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino.

    Ley de Obra Pública

    Se modifica el artículo 10 de la Ley 13.064 de Obra Pública para agilizar los mecanismos de publicidad de los llamados a licitación pública, disponiéndose que la convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la República Argentina y el sitio web del organismo que actúe como comitente, eliminándose la obligación de hacerlo en órganos análogos del lugar donde la obra deba realizarse.

    Energía

    Ley de Gas Natural (LGN)

    Se modifica el artículo 66 de la Ley 24.076, estableciéndose que las decisiones jurisdiccionales del ENARGAS podrán ser apelables no solo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal sino también, a opción del interesado, ante la Cámara Federal de Apelaciones del lugar donde se preste el servicio sobre el que versare la controversia.

    Ley de Hidrocarburos (LH)

    • Se designa como autoridad de aplicación de la Ley 17.319 al Ministerio de Energía y Minería o los organismos dentro de su órbita que se determinen; y

    • se permite la delegación a la autoridad de aplicación designada en el decreto, de las facultades del Poder Ejecutivo previstas en el artículo 98 de la LH (anteriormente privativas de éste), a saber: determinar las zonas de interés para la promoción de actividades; otorgar permisos y concesiones, sus prórrogas y cesiones; estipular soluciones arbitrales y designar árbitros; anular concursos; aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por empresas estatales con terceros para la explotación de zonas reservadas al Estado; determinar zonas vedadas al reconocimiento judicial; fijar compensaciones a superficiarios y declarar la caducidad y nulidad de los permisos y concesiones otorgadas.

    Promoción del trabajo

    Se reducen los lapsos de permanencia del empleador que incurre en infracción laboral (falta de registración de trabajadores por ejemplo) en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la ley 26.940 (B.O. 2/6/2014); con el siguiente alcance:

    • será de 30 días (y no de 90), contados a partir del pago de la multa correspondiente a la infracción cometida, cuando ese empleador pudiere demostrar la imposibilidad fáctica o legal de regularizar su incumplimiento; y

    • en los casos de que el empleador incorporado al REPSAL regularice su situación de incumplimiento (inscribiéndose como tal o registrando debidamente a los trabajadores, etc.) y pague las multas pertinentes, será incluido en el REPSAL sólo hasta el vencimiento del plazo de 30 días corridos contados desde el pago de la multa respectiva.

    Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

    • La Unidad de Información Financiera (UIF) podrá comunicar directamente al juez interviniente cualquier operación sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo, siempre que la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal;

    • ciertos sujetos obligados (entre ellos, las entidades financieras, las compañías de seguro, entre otros) podrán compartir información sobre identificación, origen y licitud de los fondos incluida en los legajos de sus clientes, ya sea que integren o no el mismo grupo económico;

    • en línea con la definición de cliente y la política de identificación y prevención prevista en la Resolución 30/2017 de la UIF que regula las obligaciones de las entidades financieras y casas de cambio como sujetos obligados:

    (i) se incorpora una nueva definición de clientes –más amplia que la anterior- que incluye aquellas personas humanas o jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por su cuenta y orden, que establezcan con el sujeto obligado una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial;

    (ii) se prevé que todos los sujetos obligados deberán adoptar una política de identificación del cliente desde un enfoque basado en riesgo; y

    (iii) se unifica para todos los sujetos obligados el plazo para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, previéndose, un plazo máximo de 15 días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. En este caso, la fecha de reporte no podrá superar los 150 días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada.

    Casas y Agencias de Cambio – Mercado Libre de Cambios

    Se modifica la Ley Nº 18.924 que regula la actividad de las casas y agencias de cambio con el objetivo de brindar más flexibilidad al sistema, favorecer la competencia a través del ingreso de nuevos operadores al mercado de cambios, y reducir sus costos.

    En el mismo sentido, se modificó el artículo 1º del Decreto Nº 260/2002 estableciendo que el mercado libre de cambios será aquél por el cual se cursarán las operaciones de cambio que sean realizadas por las entidades financieras y las demás personas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega, cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera.

    Inclusión financiera

    Se excluye de la prohibición de indexar prevista en la Ley de Convertibilidad, permitiendo la actualización por aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), al saldo del precio de boletos de compraventa de terrenos, lotes o parcelas u otros inmuebles ya construidos.

    Se introdujo un cambio a la ley de defensa del consumidor (Nº 24.240) en relación con el deber de información. Se sustituyó su artículo 4° estableciéndose que la información que está obligado a suministrar el proveedor al consumidor pueda ser proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico. El cambio consiste en que bajo la redacción anterior, la regla era que el formato de entrega debía ser en todos los casos físico, salvo que el consumidor optare por el formato electrónico.

    Simplificación del régimen de firma para actividades bancarias y financieras

    Se incorporan modificaciones a la Ley N° 24.452 y al Decreto-Ley N° 5.965/63 a fin de autorizar la firma digital y cualquier otro medio electrónico que asegure indubitablemente la autoría e integridad de los documentos suscriptos por sus titulares y/o libradores para el cheque, la letra de cambio y el pagaré y sus respectivos endosos y/o avales.

    Seguros - Medios de prueba del Contrato de seguro

    Se modifica el artículo 11 de la Ley Nº 17.418, a fin de reconocer la validez probatoria de cualquier medio digital como principio de prueba de la existencia de un contrato de cobertura de seguro.

    En caso de requerir mayor información, no dude en consultar a Ariadna Artopoulos, Tomás Araya o a su contacto regular en el estudio.

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