• viernes, 1 de diciembre de 2017

    Ley Anticorrupción

    Anticorrupción - Responsabilidad penal de la persona jurídica


    En el día de hoy fue publicada en el Boletín Oficial la ley N° 27.401 (la “Ley”), mediante la cual se estableció un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas privadas (ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal) por los delitos de cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balance e informes falsos, tipificados en los arts. 258, 258 bis, 265, 268 y 300 bis del Código Penal.

    Se detallan a continuación los principales aspectos de la Ley:

    (i) La persona jurídica responderá exclusivamente cuando los delitos hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio, aun cuando quien hubiere actuado fuere un tercero que careciese de representación, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, incluso tácitamente. La persona jurídica quedará liberada de esta responsabilidad cuando quien cometiera el delito hubiere actuado en su beneficio y sin generar provecho alguno para aquella. Se impone además responsabilidad sucesiva en caso de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria.

    (ii) Entre las penas a aplicar se incluyen multas -que podrán alcanzar de dos a cinco veces el monto del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener-, la suspensión de actividades y para participar en concursos o licitaciones estatales, en ambos casos por un plazo no mayor a diez años.

    (iii) Para eximirse de pena y responsabilidad administrativa, la persona jurídica deberá cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones:

         (a) denunciar espontáneamente la comisión del delito, que debió haber sido advertido como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna;

         (b) haber implementado un programa de integridad adecuado en los términos de la Ley con anterioridad a la comisión del delito, cuya violación debió haber implicado un esfuerzo por parte de quienes lo hubieran perpetrado; y

         (c) devolver el beneficio obtenido como consecuencia del ilícito.

    (iv) En cuanto al programa de integridad, la Ley dispone que debe ser adecuado, esto es, guardar relación con los riesgos propios de la actividad de la persona jurídica, su dimensión y su capacidad económica, en los términos que establezca la reglamentación.

    El programa deberá incluir como mínimo un código de ética o conducta aplicable a directores, administradores y empleados, la realización de capacitaciones periódicas para dichas personas y reglas y procedimientos aplicables a las relaciones con el sector público tendientes a prevenir la comisión de ilícitos.

    Además, el programa de integridad podrá incluir, entre otros elementos, el análisis y monitoreo periódico de riesgos y cumplimiento, la implementación de canales de denuncia abiertos a terceros y debidamente difundidos, mecanismos de protección del denunciante contra represalias, un sistema de investigación interno que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas, procedimientos que comprueben la integridad de terceros o socios de negocios, la designación de un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa, y procedimientos de monitoreo y evaluación continua de su efectividad.

    (v) La implementación de un programa de integridad es requisito necesario para contratar con el Estado Nacional.

    (vi) La persona jurídica podrá celebrar un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público Fiscal, el cual producirá la suspensión de la acción penal. Este acuerdo estará sujeto al pago de una multa equivalente a la mitad de la mínima prevista por la Ley, la restitución de las cosas o ganancias producto del delito y el abandono a favor del Estado de los bienes que resultarían decomisados de recaer condena. Pueden además establecerse otras condiciones, tales como la reparación del daño causado, la prestación de servicios comunitarios y la implementación de un programa de integridad o la mejora del existente.

    En el marco de este acuerdo, la persona jurídica deberá aportar información y datos precisos, útiles y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o el recupero del producto del ilícito. Las negociaciones y la información intercambiada serán confidenciales.

    (vii) Se establece un período de prescripción de la acción penal de seis años desde la comisión del delito, dejándose sin efecto la controvertida propuesta de prever su imprescriptibilidad.

    La Ley entrará en vigencia a los 90 días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

    En caso de necesitar mayor información, por favor comunicarse con Laura Lavia Haidempergher y/o Mercedes de Artaza.

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